Alto a la impunidad

Este año no será un 8 de marzo más. Estamos ante un momento histórico, una oportunidad para reflexionar y escuchar las voces enérgicas y los llamados urgentes de mujeres de todas las latitudes y de México, para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas.

Bajo el lema “Generación igualdad: por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, celebramos los 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing que creó un marco de referencia en materia de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de su vida. 

Combatir la impunidad es una de las exigencias principales de las víctimas, de las sobrevivientes y de la sociedad en su conjunto. El que los perpetradores de violencia contra mujeres y niñas queden sin castigo se debe a múltiples circunstancias.  Algunas de las principales son: la falta de comprensión de las autoridades de seguridad pública para entender la desigualdad y violencia que enfrentan las mujeres y niñas a lo largo de su vida; la falta de capacidades y de respuesta institucional adecuadas; la revictimización e insuficiente atención brindada a las denuncias; las omisiones y falta de rigor científico en las investigaciones; y las violaciones al debido proceso. Las prácticas misóginas de responsabilizar a las víctimas, por dónde estaban y cómo vestían, como lo señalan las Tesis en el performance de alcance global “Un violador en tu camino”, son un reflejo de la falta de perspectiva de género en el actuar de las autoridades de procuración e impartición de justicia.  

El combate a la impunidad es una de las Observaciones que ha hecho el Comité de la CEDAW a México y representa, también, una oportunidad para que la sociedad recupere su confianza en las instituciones estatales.  De acuerdo con la ENVIPE en 2019, solo 56% de las mujeres confía en instituciones como el ministerio público y procuradurías o fiscalías estatales y  la mitad percibe que su desempeño es inefectivo. Esto incide en el bajo porcentaje de denuncias de delitos por parte de las mujeres (6.3%).

El escenario se complejiza en el seguimiento y registro de los casos a lo largo de la cadena de justicia. Es preocupante que de las 3,418 defunciones femeninas con presunción de homicidio registradas en 2017, solo se iniciaron 741 averiguaciones previas y/o carpetas de investigación por el delito de feminicidio y únicamente se emitieron 16 sentencias condenatorias en ese año por dicho delito. Esto nos muestra los miles de casos que no han tenido una respuesta efectiva, ni acceso a la justicia.  De igual forma nos revela la urgencia de contar con mejores datos para dar un puntual seguimiento a los casos a lo largo de la cadena de justicia.

La justicia no solo implica la sanción sino también la reparación integral del daño, para lo cual es indispensable considerar las necesidades de las víctimas dentro de las sentencias y, más allá de los recursos financieros, la oportunidad de incidir en los programas de prevención y atención, desde el inicio. Es la prevención uno de los puntos esenciales de nuestro quehacer, pues la impunidad no solo es resultado del actuar institucional, sino de la propia sociedad que ha normalizado la violencia contra mujeres y niñas. 

2020 es un año crucial para la igualdad de género. Y los beneficios de la igualdad de género no únicamente son para las mujeres y las niñas, sino para todas las personas cuyas vidas cambiarán con un mundo más justo donde no se deje a nadie atrás.Desde ONU Mujeres reconocemos la valentía de las activistas y sobrevivientes para hablar. Sus voces deben ser escuchadas y tomadas como punta de lanza para transformar nuestras sociedades. Son parte de una ola de mujeres y niñas que están transformando el mundo, a la que hemos llamado Generación Igualdad. Sus voces y demandas son l legítimas: expresan el rechazo absoluto de ser víctimas de violencia y exigen un alto a la impunidad.

Belén Sanz Luque, Representante de ONU Mujeres en México