Mujeres trabajadoras migrantes
Las mujeres migrantes constituyen aproximadamente 20% de la población migrante en tránsito irregular por México, es decir, alrededor de 30,000 mujeres al año. Nueve de cada diez mujeres centroamericanas en tránsito viajan principalmente por carretera. Así, algunos de los riesgos que enfrentan están relacionados con las acciones de control y verificación en los retenes y puntos móviles ubicados en distintos puntos del país. El diseño de políticas públicas en apoyo a esta población debe tomar en cuenta sus especificidades, entre las que destacan:
Mayor estabilidad migratoria respecto a sus pares hombres. Es decir, al llegar al país de destino, las mujeres buscan establecerse a largo plazo y, para evitar poner en riesgo su integridad física, procuran no hacer otro viaje.
Sus estrategias de viaje son menos visibles que las de los hombres. Ellas utilizan vías alternas a las rutas más conocidas de tránsito de migrantes. Por ejemplo, la mayoría evita el tren de carga; se alojan en hoteles o casas de huéspedes en lugar de los albergues; contratan los servicios de personas dedicadas al tráfico ilegal de migrantes para cruzarlas de un lado al otro de la frontera (popularmente conocidos como “coyotes o polleros”; tramitan documentación falsa; eligen rutas carreteras en las que pueden viajar en autobuses, tráileres, taxis y autos privados, y se vinculan con mexicanos (muchas veces transportistas) para realizar parte de su recorrido.
Aunque las mujeres logran cruzar el territorio mexicano de forma más eficaz que los hombres gracias a sus estrategias de viaje, esto no quiere decir que su tránsito por el país esté libre de violencia o que esté garantizada su seguridad física.
Nuestro trabajo
ONU Mujeres se ha comprometido en la promoción de los derechos de las mujeres migrantes, destacando en el ámbito global la necesidad de desarrollar programas regionales en el marco regulatorio de la Recomendación General 26 de la CEDAW [1] , que reconoce las implicaciones que tiene en la vida de las mujeres el proceso de migración, así como la vulnerabilidad de las trabajadoras migrantes.
Con el fin de promover y proteger los derechos humanos y laborales de las trabajadoras migrantes e impulsar sus derechos económicos y su empoderamiento, en septiembre de 2010 ONU Mujeres México organizó de manera conjunta con el Gobierno mexicano el evento “La promoción y protección de los derechos de las mujeres trabajadoras migrantes: Alianzas para la migración y el desarrollo humano. Prosperidad compartida-responsabilidad compartida”.
Asimismo, en 2013 ONU Mujeres diseñó el proyecto “Reforzamiento de los derechos de las trabajadoras migrantes”. Adicionalmente, con el objetivo de utilizar el conocimiento existente y generar nuevos productos capaces de incidir en políticas, programas y decisiones en materia de derechos de las trabajadoras migrantes, se firmaron dos acuerdos de colaboración: el primero con el Colegio de México (COLMEX) para el desarrollo del proyecto de investigación denominado “Mapeo socio-demográfico de la situación de las trabajadoras migrantes en la frontera sur de México”; el segundo, con el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), intitulado “Diagnóstico sobre políticas públicas y programas para la protección de los derechos de las trabajadoras migratorias en la frontera sur de México”.
Mediante estos dos proyectos fue posible conocer con mayor profundidad las condiciones de las trabajadoras migrantes, las políticas públicas y las principales acciones en la materia que se están llevando a cabo en la frontera sur mexicana. Por otra parte, a finales de 2013, ONU Mujeres México firmó un acuerdo con la Unión Europea para la implementación del proyecto “Promoción y Protección de los Derechos Laborales y Humanos de las Mujeres Trabajadoras Migrantes:
Participación con Mecanismos de Derechos Humanos Internacionales y Nacionales para Mejorar la Rendición de Cuentas”, el cual busca promover y proteger los derechos de las trabajadoras migrantes en todas las etapas de la migración; mejorar la rendición de cuentas de los Estados ante las demandas de las organizaciones de mujeres migrantes, así como la atención de los mecanismos nacionales de derechos humanos y de los mecanismos internacionales de supervisión de derechos humanos. Cabe señalar que las acciones del proyecto se están llevando a cabo en tres países: México, Moldavia y Filipinas, por ser principales corredores migratorios que conectan a los países del sur con los del norte.
Este proyecto tiene una duración de tres años, y entre sus principales metas destacan:
- Instrumentar políticas públicas en la materia;
- Mejorar y adoptar la legislación y las estrategias necesarias para garantizar los derechos económicos de las mujeres migrantes y su empoderamiento;
- Mejorar el nivel de armonización entre los marcos legales y normativos nacionales sobre migración con los instrumentos internacionales en materia de igualdad de género y derechos humanos de las mujeres ratificados por México.
Nota:
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