EDOMEX: Acceso a la justicia para las mujeres durante COVID-19

El Estado de México fue el primer lugar con mayor número de defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH)^[1] en 2019: Estado de México (455), Guanajuato (389), Chihuahua (267), Jalisco (248), Baja California(244), Guerrero (186), Michoacán (184), Veracruz (159), Ciudad de México (143) y Oaxaca(132), concentraron 64.2% de las DFPH ocurridas en el país.^[2] Asimismo, entre enero y diciembre de 2020 de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se contabilizaron 151 víctimas de feminicidio^.[3]

Valeria estaba decidida. Tuvo una pelea con su marido, quien la corrió de su casa en plena contingencia por COVID-19. Acompañada por su vecina, quien ahora le da refugio, llegó al Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum) de Ecatepec, Estado de México, dispuesta a levantar una denuncia y solicitar una orden de restricción que la proteja.

Las medidas de aislamiento y restricción de movimiento dictadas frente a la pandemia están teniendo repercusiones tales como: la paralización del acceso a la justicia para las sobrevivientes de violencia a medida que las instituciones estatales reducen las operaciones; falta de acceso a los servicios básicos de salud sexual y reproductiva debido al cambio en las prioridades de atención en el sector salud, y la limitación de la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para apoyar a las sobrevivientes y para proporcionar servicios de emergencia a víctimas, debido al confinamiento. [4]

Valeria se acercó a la puerta de entrada de la oficina pública y se topó con un primer obstáculo: un letrero escrito a mano que anuncia que el Cejum “está cerrado por motivos de sanitización”, a pesar de transcendidos que aseguraban que estaría abierto para dar atención continua 24 horas y 7 días de la semana, durante la contingencia.

Aún así, Valeria llamó a la puerta y una vigilante entreabre para decirle que no hay servicio presencial y, además, durante la contingencia todas las denuncias que no sean de “alto impacto” se deben hacer por teléfono. “Pero ¿qué significa de alto impacto?”, pregunta. “Que hayan sido violadas o que vengan muy golpeadas”, responde la vigilante.

Un mes y medio después, Valeria dice que no ha podido llamar ni volver al Centro porque ahora tiene que trabajar horas extras. Ha desistido.

En el Estado de México existen cuatro Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum) coordinados por la Fiscalía del Estado, que tienen presencia de  agencias del Ministerio Público (MP) e instrumentan medidas y órdenes de protección; brindan asesoría jurídica, atención médica y psicológica, y cursos de empoderamiento, según el modelo establecido por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

En el Cejum de Cuautitlán Izcalli, hay una lista de espera con 24 nombres anotados. La vigilante informó que el horario es de 9 a 6 de la tarde, no las 24 horas prometidas. Las mujeres aguardan sentadas en las sillas de una sala improvisada al aire libre y no hablan entre ellas. 

Una pareja de padres acompañaron a su hija de 16 años a levantar una denuncia en contra de su exnovio por violencia de género, cuentan. Vienen desde Santa Teresa, Huehuetoca, una colonia 24 kilómetros al norte de este centro. Allá, el MP local les dijo que no podía atender el asunto y que a donde debían ir era al Centro para Mujeres en Cuautitlán. Para llegar tomaron dos camiones en un trayecto que les llevó dos horas.  Temen por su seguridad y no pueden pedir otro día libre en el trabajo para acompañarla a hacer el trámite, por eso decidieron arriesgarse y romper la instrucción gubernamental de quedarse en casa.

Por estas razones, desde el Sistema las Naciones Unidas en México ha realizado en articulación con el Gobierno de México esfuerzos por promover acciones en la atención a denuncias telefónicas a través del 911 para ocuparse de la contingencia con perspectiva de género, asimismo, se ha hecho un llamado para financiar, prevenir, responder y recopilar en el marco de la campaña ÚNETE de este año. En ese sentido, el Observatorio Ciudadano de los Centros de Justicia para Mujeres considera que aún se requiere garantizar el acceso a la atención y protección de todas las mujeres y niñas que requieran los servicios de estos centros.

Aparte de los cuatro Cejum, el gobierno estatal anunció, como parte de la estrategia de ayuda la atención en las Puertas Violetas, un nuevo proyecto multidisciplinario con acceso a servicios integrales jurídicos, de salud y psicológicos, e incluso como vía de acceso a refugios.

Los servicios se quedan cortos respecto las necesidades de las víctimas, pues en caso de ser necesario un refugio se debe llamar a la Línea Sin Violencia. ¿Y si quisiera presentar una denuncia formal? Tendría que hacerse en el MP o en uno de los Cejum, explican los funcionarios.   

Debido a esto, la Iniciativa Spotlight implementó el Ciclo de Entrenamientos Rápidos para Servicios de Atención Remota en Materia de Violencia contra Mujeres y Niñas. El curso virtual de 7 sesiones capacitó a 557 operadoras/es de dichos servicios en los 3 estados Spotlight (Chihuahua, Estado de México y Guerrero) y ya se trabaja en una plataforma virtual de capacitación para garantizar el acceso al funcionariado y personal de la sociedad civil. Asimismo, se han otorgado fondos a organizaciones de la sociedad civil en la primera línea de respuesta a través de convocatorias que apoyen la respuesta a las mujeres y las niñas directo en los municipios de la Iniciativa.

Retomado - Texto original de Celia Guerrero.