México regula violencia contra las mujeres en la política, avance fundamental para la igualdad
Por primera vez a nivel federal, la violencia contra las mujeres en el ámbito político está claramente definida y reguladaFecha:
Desde ONU Mujeres reconocemos las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, que en esta Legislatura de la Paridad ha sentado las bases jurídicas para definir y regular la violencia contra las mujeres en el ámbito político. Este avance se suma a la reforma constitucional en materia de paridad de género, con lo que México reafirma su compromiso con los derechos políticos y electorales de las mujeres y demuestra que importantes avances se logran cuando hay más mujeres en los congresos y en los puestos de toma de decisión.
Con estas reformas, el Estado mexicano atiende a una de las recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW emitió en sus Observaciones a México en julio de 2018, donde le había exhortado a “armonizar la legislación estatal a fin de reconocer como delito la violencia política contra las mujeres, estableciendo responsabilidades claras en materia de prevención, apoyo, enjuiciamiento y sanción para las autoridades federales, estatales y municipales.”
De esta manera, y por primera vez a nivel federal, la violencia contra las mujeres en el ámbito político está claramente definida y regulada, lo cual no sólo permite contar con un marco jurídico que la prevea, sino con competencias claras para autoridades en los distintos niveles de gobierno, para su prevención, atención, sanción y reparación.
Las reformas aprobadas son fundamentales para que las mujeres mexicanas puedan ejercer sus derechos políticos electorales en condiciones de paridad y libres de violencia, y son el resultado del compromiso y de la lucha constante de legisladoras y legisladores, magistradas, magistrados, autoridades electorales administrativas, mujeres políticas, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, movimientos de mujeres, del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, organismos internacionales y academia.
En ONU Mujeres refrendamos nuestro compromiso para acompañar al Estado mexicano en el cabal cumplimiento a la reforma y de su implementación, y hacer frente a las tareas que han de seguir:
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Por lo que hace a la prevención, reiteramos el papel que debemos desempeñar todas y todos para la eliminación de los estereotipos que afectan los derechos de las mujeres, así como el rol fundamental que juegan los partidos políticos pues, como se ha documentado en diversos estudios, es dentro de ellos donde las mujeres sufren en primer lugar la violencia. De igual forma, garantizar la paridad en la integración de los órganos tanto partidistas como de las autoridades, incide en este aspecto.
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Por lo que hace al marco normativo, la reforma necesita ser replicada a nivel estatal para poder ser asumida plenamente por las autoridades correspondientes en cada entidad federativa y garantizar su plena aplicación.
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Respecto al fortalecimiento institucional, tanto las y los integrantes de los partidos políticos, así como de las autoridades, requieren tener acceso a capacitaciones eficaces para la adecuada implementación de la reforma, lo cual implica, necesariamente, hacerlo con perspectiva de género. El fortalecimiento de capacidades debe enfocar sus esfuerzos no solo en la prevención del fenómeno, sino en la atención adecuada de los casos, en su sanción y en la reparación integral de las mujeres que la han sufrido. Ello implica, necesariamente, poner especial atención en aquellas mujeres que podrían llegar a enfrentar mayores obstáculos como las mujeres indígenas o afromexicanas.
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De igual forma, la generación, sistematización y uso de datos y de información en materia de violencia contra las mujeres en política resulta indispensable para poder crear e implementar políticas que la atiendan adecuadamente. Este es quizá el aspecto en el que menos ha habido avance y que las nuevas reformas dan oportunidad de impulsar.
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Por último, el acompañamiento que han dado las organizaciones de la sociedad civil, así como los movimientos de mujeres a todas las mujeres que han sufrido violencia en el ámbito político, así como los esfuerzos que han hecho para impulsar medidas de prevención y de litigio, han sido fundamentales y deben seguir siendo apoyadas e impulsadas para garantizar la implementación adecuada de esta reforma.
La participación plena de las mujeres en el ámbito político no solo es un derecho humano que debe ser garantizado, sino es un requisito indispensable tanto para el adecuado funcionamiento de la democracia, como para el crecimiento y desarrollo próspero de nuestras sociedades. Esta reforma es un paso clave para ello. Ahora que el marco jurídico para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito político ha sido debidamente definido, es deber de todas y de todos poner especial atención en su correcta implementación y garantizar que la promesa de una democracia paritaria y libre de violencia, se haga realidad.