Analiza Inmujeres CDMX y ONU Mujeres México experiencias internacionales para incorporar la perspectiva de género en el Sistema Procesal Penal Acusatorio

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Teresa Incháustegui Romero, Directora de INMUJERES Ciudad de México y Ana Güezmes, Representante de ONU Mujeres México
Teresa Incháustegui Romero, Directora de INMUJERES Ciudad de México y Ana Güezmes, Representante de ONU Mujeres México

Con el objetivo de analizar los retos que representa la aplicación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el Distrito Federal, desde una perspectiva de género y con base en los derechos humanos de las mujeres y las niñas, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) organiza este 24 y 25 de septiembre, el “Foro Internacional sobre Experiencias y Buenas Prácticas en el ejercicio y garantía del derecho de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia y delitos cometidos por razones de género”.

En la inauguración, la directora general del Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero, explicó que el reto del sistema de justicia en el país es incorporar los principios y el espíritu de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos –desde el enfoque de los derechos de las mujeres- tutelados a partir de instrumentos internacionales tales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), y de esta manera garantizar la reparación del daño, la debida diligencia, la progresividad, el principio pro-persona y la garantía de no repetición, tanto en la práctica de la justicia, como en la proyección de sentencias.

Subrayó que la naturalización de la violencia hacia las mujeres es una herencia que viene de siglos atrás, cuando éstas no eran sujetas de derecho, ni tenían personalidad jurídica, por lo que se ha requerido de reformas para incorporar los derechos de las mujeres en los diferentes cuerpos legislativos.
  
“El reto que tenemos en el Distrito Federal y en todo el país, a través del nuevo sistema penal acusatorio, es que la mecánica de este sistema de procesos penales no arrolle los fundamentos de los derechos de las mujeres, principalmente de las mujeres violentadas”, destacó la titular de Inmujeres CDMX.

En su mensaje, la Representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes García, enfatizó que se debe asegurar que el acceso a la justicia y la cero impunidad sea la característica principal en el nuevo sistema penal acusatorio para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres. Por ello agregó, que los códigos penales y procesales deben estar armonizados con los más altos estándares de derechos humanos.

“Este modelo de justicia representa avances muy interesantes: democratizar el sistema, garantizar el debido proceso, la debida diligencia más rápida, pero si no se trabaja con perspectiva de género puede reproducir los errores del viejo sistema y posiblemente agregarle otros”.

Coincidió en que el proceso de procuración y acceso a la justicia para las mujeres debe estar acorde con los instrumentos internacionales como: la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, además de la Plataforma de Acción de Beijing y la recomendación general de la CEDAW número 33 sobre acceso a la justicia.

“A pesar de que llevamos más de 20 años de legislación en materia de violencia; de que la violencia se ha tipificado como un delito; de que tenemos toda una ruta de acción, todavía 6 de cada 10 mujeres en México reportan que han sido víctimas de violencia, esto es un enorme llamado de atención a todas las autoridades para sumar nuestra voz y dar un mensaje muy claro a la sociedad, a los agresores y a la víctimas, en el sentido de que no están solas y ponerlo en el centro del debate público”, señaló Güezmes García.

Por su parte, la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría de Justicia capitalina, María de los Ángeles López Peña, explicó que no es sencillo incorporar la perspectiva de género en el nuevo sistema de justicia penal, puesto que las personas operadoras del sistema deberán interpretar y aplicar las normas desde una óptica de derechos humanos -que incluye las normas jurídicas constitucionales, internacionales y locales-, además deben analizar los casos concretos en los que intervienen para que identifiquen aquellas prácticas que reproducen la desigualdad en cada mujer en situación de víctima, así como los tipos y modalidades de violencia de género.

“Las personas profesionales responsables de la atención, deben reconocer que las mujeres en situación de victima por delitos que constituyan violencia de género, deben ser asesoradas, representadas y atendidas desde esta visión integral, es decir, que además de ceñirse a sus competencias y atribuciones, deberán ser sensibles a las circunstancias y condiciones que acompañan a las mujeres, para incidir en estrategias legítimas de acceso a la justicia”, enfatizó López Peña.

El director de la Defensoría de Oficio y Orientación Jurídica, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX, Guillermo Evando Aguilar Alcántara, destacó que las mujeres víctimas de violencia reciben asesoría jurídica, a través de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, representación gratuita en los procesos judiciales en materia civil y familiar, así como acompañamiento en las solicitudes de medidas de protección o defensa ante juezas y jueces penales.

En este sentido, detalló que en lo que va del año, se han realizado cerca de 13 mil acciones en materia civil y familiar a favor de mujeres víctimas de violencia, y se han promovido más de 156 medidas de restricción para detener y prevenir la violencia de género.

En este evento se dieron cita expertas y expertos internacionales tales como: Ana Isabel Garita, de Costa Rica; Carmen Hein de Campos, de Brasil; y María Eugenia Solís García, de Guatemala, quienes imparten conferencias magistrales y participan en paneles de discusión.