Protocolo modelo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. El Caso de Oaxaca

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), conscientes de que la violencia política contra las mujeres en razón de género constituye uno de los principales obstáculos en la consolidación de la democracia paritaria del país, así como de la importancia de desarrollar herramientas que respondan a la realidad específica de cada entidad federativa, enfocaron sus esfuerzos en la realización del Protocolo modelo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. El caso de Oaxaca. Este documento, realizado a partir de una investigación diagnosticada en la entidad, constituye uno de los esfuerzos desarrollados por ambas instituciones para promover la igualdad sustantiva en el ámbito político electoral mexicano.

Este documento fue ideado en el marco del proyecto “Fortalecimiento de capacidades para la formación de liderazgos femeninos hacia la construcción de una democracia paritaria y libre de violencia” el cual busca generar estrategias de formación, investigación, difusión y vinculación para el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres con el fin de lograr el pleno goce de sus derechos políticos electorales. El objetivo específico de este protocolo es orientar la actuación de las autoridades competentes del estado de Oaxaca para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como constituir una guía para las mujeres que son violentadas en el ejercicio de sus derechos político electorales. De igual forma, se busca que este protocolo modelo, alineado al importante esfuerzo desarrollado por el TEPJF y otras instituciones federales en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género —elaborado en 2016 y recientemente actualizado para hacer frente al proceso electoral 2017-2018—, sirva de ejemplo a todas las entidades del país para llegar a julio de 2018 con 32 protocolos estatales para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, y así estar en condiciones de actuar de manera coordinada e integrada en los casos que se presenten tanto en el ámbito federal como en el estatal.