Por primera vez a nivel federal, la violencia contra las mujeres en el ámbito político está claramente definida y regulada, lo cual no sólo permite contar con un marco jurídico que la prevea, sino con competencias claras para autoridades en los distintos niveles de gobierno, para su prevención, atención, sanción y reparación.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México y la Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-MUJERES) celebran la reciente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el derecho de las personas del mismo sexo para contraer matrimonio. Dicha jurisprudencia es obligatoria y es el resultado de decisiones reiteradas en el mismo sentido por parte del más alto tribunal en el país.