Por primera vez a nivel federal, la violencia contra las mujeres en el ámbito político está claramente definida y regulada, lo cual no sólo permite contar con un marco jurídico que la prevea, sino con competencias claras para autoridades en los distintos niveles de gobierno, para su prevención, atención, sanción y reparación.

Garantizar el empoderamiento económico, político y social de las mujeres rurales e indígenas es fundamental para su bienestar y el desarrollo de sus familias y comunidades rurales, así como para la productividad económica de los países.