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El trabajo sienta las bases para desarrollar una Estrategia Nacional de Cuidados (ENAC) en México a través de cuatro capítulos que versan sobre su importancia, sus principios rectores, sus intrumentos y la ruta crítica para lograrla. La propuesta fue enriquecida con los aportes de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y de instituciones de gobierno mediante consultas, reuniones y discusiones sobre las posibilidades de emprender medidas que pueda tomar el Estado en su conjunto y una ruta de coordinación de políticas públicas orientadas a atender la problemática actual que enfrenta el país en esta materia.
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La presente relatoría recopila las participaciones que tuvieron lugar en el evento paralelo “Mujeres Indígenas, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia” llevado a cabo en el marco de los trabajos de la Tercera Comisión sobre Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales de la 69ª Asamblea General de la ONU en 2014.
Fecha:
En su 57° Periodo de Sesiones, celebrado en marzo de 2013, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW57) adoptó conclusiones sobre “la eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas”. Más de 120 países, organizaciones no gubernamentales y órganos de las Naciones Unidas llegaron al consenso de que la violencia contra las mujeres y las niñas es un asunto que requiere compromiso y acción al más alto nivel político y a todos los niveles del Estado.
Fecha:
Este informe está enfocado en Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y República Dominicana, centrándose fundamentalmente en las garantías básicas de la seguridad social; pero con el enfoque integrador del piso de protección social tal como lo ha conceptualizado el Sistema de las Naciones Unidas. Esto implica integrar la salud materna e infantil, la protección económica básica para las mujeres en el embarazo, parto y postparto, y el cuidado de las personas dependientes y menores de edad, como aspectos indispensables de la seguridad social. La propuesta señala que el piso de protección social se presenta como un elemento indispensable para contribuir a la inclusión y a la superación de las desigualdades, y que en los pisos de protección nacionales las desigualdades de género deben ser abordadas de manera integral y transversal. Para que se cumpla de forma eficaz este objetivo, debe articularse desde el enfoque del pleno ejercicio de los derechos y sobre un diagnóstico crítico de cuáles son las causas y factores estructurales de dichas desigualdades y exclusiones sociales, especialmente las derivadas de las relaciones de género.