Trabajadoras migrantes en México se organizan por sus derechos
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En la frontera sur de México, un sinnúmero de trabajadoras migrantes vive en condiciones precarias, sobreviviendo con trabajos irregulares. Según datos del Censo de 2010, ocho de cada diez personas vive en situación de pobreza en el Estado de Chiapas y el 55 por ciento de las personas nacidas fuera del país son mujeres, la mayoría centroamericanas. A ellas se suman muchas migrantes internas que van y vienen de distintas zonas dentro del país y que muchas veces se enfrentan a malos tratos y discriminación.
“Derramé muchas lágrimas por lo que me hicieron. Me encerraron y me obligaron a trabajar sin remuneración alguna. Aunque no fui a los Estados Unidos, como otras personas, migrar es difícil también aquí en México”, recuerda Teófila Díaz Jiménez, de 20 años, nacida en la comunidad de Dos Lagunas, San Cristóbal, en la provincia mexicana de Chiapas y proveniente de una familia de migrantes internos.
Teófila se fue de casa muy joven para buscar formas de ganarse la vida. No pudo estudiar secundaria porque la escuela estaba situada muy lejos de su comunidad y solo hablaba el idioma indígena tzotzil. En 2009 se estableció en Cancún, Quintana Roo, vendiendo artesanías o como trabajadora del hogar, pero continuamente expuesta al abuso laboral. La vida digna con la que soñaba parecía muy lejos de su alcance.
A través de otra familia de migrantes, Teófila conoció la organización Voces Mesoamericanas, y comenzó a acudir a sus talleres de capacitación para fortalecer su participación como mujer migrante en la comunidad. Estos incluyeron cursos de formación implementados en tres países (Filipinas, México y Moldavia) en el marco de un proyecto de ONU Mujeres financiado por la Unión Europea, que busca promover y proteger los derechos de las trabajadoras migrantes en todas las etapas de la migración.
Entre finales del año 2015 y principios del 2016, se llevaron a cabo una serie de 39 cursos de formación por todo México implementados por ONU Mujeres en colaboración con cinco organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Voces Mesoamericanas: Acción con Pueblos Migrantes; el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI); el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; y Sin Fronteras, IAP. Los cursos, realizados en el área de la frontera sur del país, reunieron a organizaciones locales, mujeres migrantes y funcionarias y funcionarios de gobiernos para debatir la forma de abordar temas como la migración, el género y el desarrollo.
Estas sesiones sirvieron como espacios seguros en los que las mujeres pudieron compartir sus experiencias, mientras que las organizaciones y las funcionarias y los funcionarios de gobiernos pudieron analizar cómo aprovechar su influencia en diferentes niveles para mejorar la vida de las mujeres migrantes. Las y los participantes identificaron la importancia de reconocer que la migración es un proceso que afecta de forma diferente a mujeres y a hombres y que se deben analizar, con una perspectiva de género, los procesos migratorios. Destacaron que las mujeres, cuando migran, suelen buscar a otras mujeres que les cuiden a sus hijas e hijos en el país de origen; también, que las mujeres migrantes suelen encontrar empleos más informales y con peores salarios, como trabajadoras domésticas, empleadas de comercio, etc.
Teófila dice que la formación le ha permitido encontrar su voz, entender sus derechos y enseñar este conocimiento a otras mujeres migrantes indígenas: “Ya no tengo miedo de participar, ahora me valoro mucho”, asevera.
Teófila ha colaborado posteriormente en la organización de grupos de trabajadoras migrantes en diferentes comunidades, con mesas directivas. Esta colaboración resultó en la creación de la organización de la sociedad civil, Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH). Teófila forma parte del Consejo del CIMICH, que trabaja para asegurar que las mujeres migrantes sean capaces de hablar de su experiencia sin sufrir miedo o intimidación, que sean reconocidas en la sociedad que las ha acogido y que sus derechos sean respetados por las autoridades.
Junto a otras participantes de los cursos, Teófila ha desarrollado su capacidad de liderazgo en su comunidad. En la actualidad, todas juntas están construyendo proyectos de trabajo para su subsistencia, sembrando maíz, frijol y hortalizas orgánicas que comercializan, apoyando sus economías.
“Antes sentíamos que no teníamos derecho a participar en muchas áreas de la vida”, explica Patricia Pérez Gómez, 27, miembro de CIMICH que también participó en la capacitación. Dice que este curso le dio la determinación de abogar por sus derechos, como un mejor sueldo y condiciones de trabajo dignas, así como derecho de acceso a la salud y a la educación. “Hemos formado grupos de jóvenes, escuelita de mujeres, y contraloría comunitaria. … Lo que queremos hacer es que las personas conozcan bien sus derechos. ¡Exigimos nuestros derechos!”
ONU Mujeres ha generado una gran cantidad de nuevos estudios y datos para fundamentar las acciones, entre los que se encuentra un examen del cumplimiento que la legislación mexicana en materia de migraciones hace de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), considerada la carta internacional de los derechos de las mujeres, y una guía para la formulación de leyes sensibles al género.
“Regular el trabajo de las mujeres migrantes así como garantizar sus derechos de acuerdo a los estándares internacionales es un tema de igualdad y eficiencia, clave en todos los aspectos del desarrollo”, apunta Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en México.
